Gestión privada del agua en Barcelona
Las organizaciones sociales y ambientales de Barcelona llevan décadas denunciando el impacto social y ambiental de la gestión privada del agua por la transnacional Agbar (ahora filial de Veolia). Se han producido continuas subidas de las tarifas y se han multiplicado los cortes de agua por imposibilidad de pago, lo que viola el derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua. También se ha reclamado mejoras de la calidad del servicio y reducción de la precarización laboral.
La empresa fue denunciada al Fiscal Anticorrupción porque se descubrió que estaba operando sin contrato de concesión y se intentó resolver creando una empresa mixta entre el Área Metropolitana de Barcelona y la empresa sin el debido procedimiento. Finalmente, el proceso judicial no prosperó y la empresa mixta sigue operando y dificultando otros procesos como una multiconsulta ciudadana donde se quería preguntar por el servicio de agua. Agbar bloqueó esa posibilidad.
Una de las últimas denuncias ha sido el aumento de tarifas que ha hecho la empresa mixta AMB en más de un 26% bajo el argumento de la sequía. Es una subida desproporcional que se paga con presupuestos públicos porque son obras de emergencia y no debería reflejarse en la factura
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Mayo de 2025.

Actores
Aigües de Barcelona (grupo transnacional francés Agbar / Veolia).
Acciones
Organizaciones sociales y ambientales han conformado Aigua es Vida que reclama la gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en Cataluña y denuncia los impactos sociales y ambientales de la gestión privada. En ese sentido, han hecho numerosas campañas de denuncia pública, han acudido a la fiscalía, han organizado las cumbres de la sequía para abordar el período de fuerte sequía que ha sufrido Cataluña desde la lógica ecosocial y no de depredación del territorio como se estaba planteando: https://www.aiguaesvida.org/category/sequera/
Respuesta institucional
La respuesta institucional ha permitido la situación irregular de Agbar / Veolia y las subidas abusivas de las tarifas que atentan contra el derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua.